Firmado por: Jesús Rogero García.
Fonte: Agenda_Pública. http://agendapublica.es
Desde hace años, se está produciendo un cambio en
relación con la educación obligatoria que, a mi juicio, está pasando
desapercibido y tiene consecuencias importantes. Se resume en lo
siguiente: a la familia cada vez se le exige más y al Estado, menos. No
me malinterpreten. No es un juicio sobre el desempeño de los padres,
madres o docentes en particular. Se trata de una tendencia general que
les trasciende y a la que, inevitablemente, todos se adaptan. Trataré de
argumentar esta idea.
Este cambio se refleja en los textos
legales. La LOMCE añade, como nuevo principio inspirador, “el
reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores
legales como primeros responsables de la educación de sus hijos” (art.
1, párrafo h bis). Esta declaración, que descontextualizada parece poco
discutible, se establece por primera vez como una referencia básica para
articular el sistema educativo. Nadie pone en cuestión, como refleja el
Código Civil (art. 154), que los padres son responsables del cuidado y
de la educación de los hijos, en un sentido amplio. Sin embargo, la
LOMCE no se refiere a la educación en términos generales, sino a aquella
que se provee desde el sistema público. De este modo, la
responsabilidad última de la educación obligatoria se traslada a la
familia, y de ella quedan eximidas las administraciones públicas.
La LOMCE sustituye también un punto de la
LOE que decía: “La finalidad de la Educación Primaria es proporcionar a
todos los niños y niñas una educación (…)”, por este otro: “La
finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas
los aprendizajes (…)” (art. 16, punto 2). No es una sustitución baladí.
El espíritu del legislador parece ser el mismo que antes pero más allá
del significativo cambio de educación por aprendizaje (cuyas implicaciones dejo para los pedagogos), el sistema educativo ya no se compromete a proporcionar, sino a facilitar.
Son las familias, como “primeros responsables”, las encargadas de
garantizar el derecho a la educación. En pocas palabras, lo que nos dice
la ley es que, si tu hijo/a va mal en la escuela, la culpa es tuya;
nosotros lo intentamos, pero usted no puso el empeño y los recursos
suficientes para que las cosas salieran bien.
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